viernes, 23 de marzo de 2012

Ni conciencia ni honradez, es” Envidia del Pene”, el conflicto de la Derecha Opositora, con el Kirchnerismo, por el uso incontrolado, de la Caja del Estado

La Caja del Estado y su Uso Incontrolado, es la Panacea Universal para el Posperonismo Kirchnerista, aupado en el Gobierno. Y el máximo objetivo “político”, de una Clase Media Oportunista, que enlaza su afición al funcionariado estatal, con la obsecuencia servil, al Capital, dueño del Poder Real
En estos días en la Argentina sopla un aire de desconcierto .Muchas personas la gran mayoría pertenecientes a las Clases Medias, que estaban seguras de sus convicciones políticas y votaron apoyando a Cristina Kirchner para la Presidencia, se hallan en estado de confusión.

Es comprensible, para aquellos que no hacen de la política su profesión, o como mínimo su “hobby” algunos movimientos que se ejecutan, desde las esferas del Poder Político, Económico o Mediáticoy que intuyen, que de alguna manera las perjudica o va a perjudicar, les pueden crear esa angustia.

En especial por el hecho de que la Jefa del Estado en su carácter de Candidata no se tomo el trabajo de informar a sus futuros votantes, que medidas tenia evidentemente decidida a ejecutar, apenas tomara posesión de su segundo mandato, a poco de las elecciones.

Ayudan a ese desconcierto, las disidencias que nos hacen conocer, los Medios de Comunicación, entre las Derechas de distinto tinte en la Oposición y el Gobierno Kirchnerista, por las últimas medidas y propuestas de leyes del Poder Ejecutivo, con relación al Estatuto del Banco Central, el Control de Cambios, el quite de subsidios, etc. Disidencias que, aunque nos remiten ineludiblemente, al viejo refrán popular “entre bueyes no hay cornadas”, en realidad tienen una lectura más serena del asunto.

Es que el manejo de los fondos de la Caja del Estado, es el Sueño Maravilloso, de todos los políticos de la Burguesía, que acceden a la Función Pública, con el objetivo de gestionar defendiéndolo, al sistema Capitalista, independiente del sector que representen.

Me imagino, que no debe haber momento más emocionante, para un político recién llegado a algún Ministerio en el Estado Capitalista, por la que tenga acceso a los fondos, que ingenuamente el pueblo ha depositado en sus manos, como cuando toma una decisión, sobre el destino de dichos fondos.

En ese momento su mente y su “alma” seguramente se elevan al cielo de los Trepadores por el Prestigio y el Poder, para saborear la sensación del “Haber llegado”.

Y para un político, los que como se sabe, son casi siempre integrantes de la Clase Media, llegar significa que mediante la disposición del mucho dinero que existe en la Caja del Estado, puede adquirir los bienes, que lo eleven al escalón inmediato, la Clase que esta allá arriba, la Elite, Clase con la que sueña desde siempre y que motiva todos sus afanes.

Ustedes se preguntaran…. “y la ética y los ideales políticos”?? …

Bueno veamos: Cuando uno se hace elegir y jura respetar la Constitución Capitalista, de cualquier país del Mundo, y uno está dispuesto a defender ese Sistema, el más Injusto, Estúpido y Criminal, que el Hombre haya inventado,…….. uno no tiene “ideales político” tiene “objetivos económicos” privados.

Pero así como el político, que llego a la Caja del Estado, está en el Cielo de los Triunfadores, la Oposición que solo puede mirar de lejos dicha Caja, está en el Infierno de la amargura, envidia y decepción.

Es que los políticos todos, que defienden el Sistema Capitalista, saben que la Caja del Estado, no es una Caja de Pandora, de ella no salen todos los males,…..salen todos los bienes, dinero en forma de comisiones, participaciones, de divisas depositadas a su nombre en el exterior, edificios, departamentos de lujo, participación en empresas altamente monopólicas y de rentas seguras, tierras, negocios seguros de todo tipo etc.,

Y los de la Oposición saben que al contrario de la Caja de Pandora , la Esperanza no quedo encerrada allí, confían, en que en una próxima elección, ellos podrán abrirla y hacer salir de ella, nuevamente todos los bienes, pero esta vez para sus bolsillos.

De allí que insistan, en desprestigiar a los funcionarios de turno, a efectos de tener en el corto plazo, una nueva oportunidad. Y eso es lo que vemos en la actual rencilla, en la Prensa y el Parlamento.

Bien eso es todo lo que tenía que decirles.

AH! Un momento……….. Quizás Ustedes se irriten, porque no hablo del Pueblo Argentino, víctima de estos Funcionarios Ladrones.

Les debo confesar, que tenga o no razón, yo estoy enojado con buena parte de ese Pueblo, que pese a todos los consejos y advertencias de casi todos los sectores de la Izquierda Nacional, se empeñaron en votar en Octubre pasado al Kirchnerismo Posperonista y lo respaldaron con el casi 41 % de los votos sobre el Padrón Total (aunque pretendan marearnos con el publicitado 54 %).

A ese Pueblo habría que decirle como el Poeta “De todo te olvidas Cabeza de Novia”.

Te olvidas…….. de Menen y sus 40 Ladrones, a quien votaste hasta el Infinito, mientras te robaba a la vista del Mundo Entero.

Te olvidas …….que votaste a De la Rúa un Burgues de derecha y abogado representante de multinacionales Capitalistas extranjeras , y no te intereso saber quién era, creyendo absurdamente ,que quizás ese espécimen te iba a resolver las tremendas diferencias sociales y económicas del Pueblo Argentino ,incluyendo las de la mayoría integrada por trabajadores y pobres.

Te olvidas…….. y no te interesa enterarte ,que paso con los fondos de la venta a precio vil de YPF, por parte del Cipayo Rematador Riojano, a los Capitalistas extranjeros y en especial ,que paso con la parte de ese latrocinio, que le correspondió a la Provincia de Santa Cruz y que junto a las regalías petroleras ,Néstor Kirchner deposito en Suiza .

Regalías merecidas por haber apoyado Néstor y Cristina, la susodicha política del menemismo, con el voto a favor de la ley cipaya.

Y no te preocupa que no haya hasta el día de hoy, una información para todo el Pueblo Argentino, sustentada en documentos serios incuestionables, exhibidos a la Argentina País, no a la Provincia de Santa Cruz ,( donde un grupito áulico en el Poder resuelve en Privado estos temas)sobre la cantidad, nombre del Banco en Suiza , nombre o numero de la cuenta de dichas divisas , Saldo actual y movimiento de dichos depósitos y los intereses que produjeron.

Sabiendo que informaciones objetivas, hacen llegar esa cantidad, a más de 1200 millones de Dólares.

Dinero, que me permito observar, pertenecen al Pueblo Argentino todo y no a la Provincia de Santa Cruz ,pues la empresa YPF existía plenamente, cuando se dicto la Maldita Ley Peronista- Menemista 24145/92, de desguace del patrimonio petrolífero y gas nacional, paso previo a la entrega al extranjero .

Y digo, que te tiene que preocupar especialmente este tema, pues sigue en el Gobierno el Kirchnerismo. Y su manejo de fondos parece obedecer al mismo esquema voluntarista, individualista, secreto y Pro Capitalista, y a la sujeción a los intereses de inversores extranjeros, aunque se emita un Discurso Nacional y Popular, siguiendo el clásico esquema demagógico, que es una especialidad del Peronismo

Por otra parte, el Capitalismo hace del Estado el elemento regulador de sus crisis cíclicas. La crisis actual Internacional, nos muestra como el Estado en manos de los Capitalistas, se transforma en un factor fundamental, para restituir a los Bancos y Corporaciones Privadas su poder económico, deteriorados producto de la especulación enloquecida por ellos mismos producida.
Con pequeñas variantes dadas la envergadura más pequeña de la Argentina, aquí se repitió el proceso.

Desde la Crisis del 2001 y la aparición del Kirchnerismo en el 2003 , el Estado se ocupo de restituir a los Bancos Privados, viejos estafadores , su capacidad de operatividad y beneficios extraordinarios, dejando un tendal de víctimas entre la Clase Media , que como los clásicos masoquistas, parecen gozar con ello y vuelven a depositar en esos Bancos ladrones.

También el Estado Kirchnerista, se dedico a pagar la deuda pública que es por todos conocido, fraudulenta y proviene precisamente del acuerdo de la Dictadura criminal del 76 en su menor parte y su mayor parte del acuerdo del Peronista Menen con los” usureros financistas internacionales”.

Por lo tanto pagar esa deuda con las insignificantes reservas argentinas 50.000 millones de dólares frente a una deuda pública de 200.000 millones, que con sus intereses usurarios, crece como un cáncer permanente, es risible.

Pero peor todavía, es la falta de respeto por el pueblo humilde argentino, 80 % de la población, a quien se le oculta ese hecho, .Y a quienes este gobierno de la burguesía peronista de turno, posterga permanentemente en sus soluciones esenciales, para favorecer a los sectores especulativos ricos, de clase media alta y sectores de industria y agropecuarios extractivistas, que es para cuyos intereses finalmente se paga, esa deuda fraudulenta.

Me permito recordar a ese pueblo olvidadizo que Existe una Izquierda Anticapitalista, que esa Izquierda se probo en las últimas elecciones, proponiendo representantes al Parlamento de origen obrero, que quiere construir un País igualitario en lo económico, sin clases privilegiadas y un Estado que responda los intereses de los Trabajadores, que son la mayoría absoluta de la población y en consecuencia les corresponde hegemonizar el Poder.

Si ….hay muchas cosas que olvida el pueblo y es probable, que mientras las mayorías populares no se decidan a participar , en especial los trabajadores, junto a la Izquierda Política, ,Sindicatos no Corporativos integrados y dirigidos por auténticos trabajadores y además poniendo el cuerpo y la voluntad para tomar el Poder , seguirán sufriendo y……… eligiendo ladrones para que lo gobiernen.

……..Lastima no??

Hersh Zakheim

Argentina: Las violaciones a los DDHH contra los pueblos originarios***

“El objetivo es poner en conocimiento la grave situación en la que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas”, explica la solicitud realizada por diversos organismos de Derechos Humanos de Argentina.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia especial, el próximo 23 de marzo, para abordar la situación de los pueblos indígenas en la Argentina. “El objetivo es poner en conocimiento la grave situación en la que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas”, explica la solicitud realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).


La CIDH llamó a audiencia especial, en el marco del 144 período ordinario de sesiones, bajo el título “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”. Se abordará especialmente la situación del Pueblo Mapuche de Neuquén, el Pueblo Diaguita de Tucumán y el Pueblo Qom de Formosa. En Neuquén, más de 250 dirigentes mapuches están procesados por defender el territorio donde siempre vivieron. En Tucumán y Formosa enfrentan constantes intentos de desalojos y fueron asesinados el diaguita Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) y el qom Roberto López (23 de noviembre de 2010).


“En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo (...) En la práctica no existen normas ni políticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales”, comienza el documento firmado por Cels, Andhes y Odhpi, fundamentando la petición de audiencia. Integrantes de los tres pueblos concurrirán a la entrevista, en Washington (Estados Unidos).


Las organizaciones de derechos humanos de Argentina remarcan el incumplimiento de la legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas y, afirman, que el “Estado argentino no solo incumple su obligación de hacer efectivos los derechos territoriales indígenas sino que, en múltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad”.


En 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. El Comité expresó su preocupación por los hechos de violencia del que son víctimas la comunidades. El mismo año, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado “adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos indígenas”.


En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén. Instó a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares.


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) señaló, en 2011, numerosas preocupaciones en torno a la falta de efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, solicitando al Estado que emprenda las medidas necesarias para frenar estas violaciones y que se sancione a los responsables de tales actos ilegales.


En diciembre pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de la Patagonia y del Norte del país. Alertó respecto al avance de industrias extractivas, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos


Contactos:


Juan Manuel Salgado (Odhpi) 0299 4486294

Barcelona: Organizaciones celebran el ¡Éxito total en la ocupación de la Rambla del Poble Nou!

Ayer, éxito total, ocupamos la Rambla del Poble Nou!, hasta la guardia urbana se ha unido al pueblo y ha obligado a abrir dos sucursales que habían cerrado en horario de atención al público debido a nuestra presencia.

Contra los abusos de las Redes bancarias***
La concentración en la Rambla del Poble Nou, había sido convocada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros y la plataforma EstafaBanca.

Doscientas personas afectadas por participaciones preferentes y deuda subordinada (una de las grandes estafas de lamafia bancaria) se han manifestado en la tarde de ayer en Barcelona. Entregaron, además, en las diversas sucursales bancarias las reclamaciones oficiales para buscar una solución "razonable y satisfactoria" al problema.

Esta es la información de Agencias:

La protesta, que ha sido convocada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y la plataforma EstafaBanca, se ha llevado a cabo en la Rambla del Poblenou de Barcelona, donde diversos afectados han entregado sus reclamaciones a los responsables de distintas sucursales bancarias.

En el manifiesto, los clientes solicitan a las entidades que estudien "medidas que tengan en cuenta los derechos de los afectados" y que se abra un diálogo con la plataforma Adicae para buscar soluciones en el ámbito extrajudicial.

Además, Pere Messeguer, coordinador de Adicae en Cataluña, ha explicado a Efe que próximamente la asociación interpondrá demandas de conciliación en los juzgados "para obligar a las entidades bancarias a negociar en sede judicial".

"Actualmente se están dando soluciones que sólo favorecen a las entidades financieras y no a los derechos de los afectados", asegura Messeguer, quien confía que las protestas sirvan para evitar una demanda judicial conjunta.

Durante la protesta, que se ha desarrollado de forma pacífica, se han oído cánticos como "Esto es un corralazo", "La banca abusa y el Gobierno calla" o "Banqueros, ladrones, devolved los millones".

Uno de los afectados, Rodolfo Hermosilla, ha explicado a Efe que tiene invertidos 84.000 euros en participaciones preferentes y que la entidad bancaria le ha propuesto recuperar un 70% del importe entre los próximos 5 y 10 años, mientras que el 30% restante se ha canjeado por acciones.

"Ahora mismo ya he perdido aproximadamente un 15% del valor de mis ahorros", asegura Hermosilla.

Según cifras de Adicae, aproximadamente unas 300.000 familias catalanas y un millón en toda España no han podido recuperar el dinero que habían invertido en estos productos financieros tóxicos, en muchos casos sin que las entidades bancarias les advirtiesen del riesgo que suponía invertir en ellos.

Juicios a los genocidas: Más condenas a cuentagotas

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta marzo de 2012. Destacamos sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de condenas a que se ha llegado en estos años.
Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (http://www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (http://www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema. 
Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. 
Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003. 

La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10 diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”. 
Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable. Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores no deciden morirse antes? 

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo. 

En Agosto de 2011 se cumplieron 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 64 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 64 juicios estuvieron procesados 303 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 279 condenas, 23 absoluciones y dos muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1338 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena. 

Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 288 genocidas muertos impunes contra 279 condenados. 

Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O comoPedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El último caso nos tocó de carca en La Plata, ya que se trata de la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad. 

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”. 

En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho: 
- 24 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 99 condenas. 
- 14 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 56 condenas. 
- 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas. 

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia. 
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma. 

En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval. 

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 64 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. 

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años. 

Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias. 

Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo 85 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están realizando desde 2011 sumarían sólo 19. En marzo de 2012 llegó a sentencia la Causa por Carlos Alberto Moreno en Mar del Plata. 

Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además en 2011 hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos,en los casos Cabandié y Evelin Karina Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400 niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los apropiadores. 

Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba.Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. 
Por último, hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 54 represores a ser juzgados en próximos juicios. 

Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para “fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100 recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en 2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores sentenciados, sólo 43 tienen condena firme. En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. La promocionada Acordada N°1 de 2012, firmada por algunos de los jueces que se cansaron de otorgar excarcelaciones a los genocidas como Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Ángela Ledesma recoge los siguientes viejos reclamos de las querellas: En instancias de impugnaciones, movilizar sólo las piezas imprescindibles de la causa y no todo el cuerpo; en cuanto a plazos procesales, se rechazarán planteos que no decidan las cuestiones principales y retarden innecesariamente; se deberá citar a juicio y a ofrecimiento de prueba a todas las partes en conjunto, remitiéndoles la causa a tiempo; se llamará a audiencia preliminar al juicio con todas las aprtes para acordar limitar la prueba a lo más relevante, así como producir allí la lectura de requerimientos de elevación para acelerar el juicio; se dará la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, pertinentes por conexidad; y con ello sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, excepto oposición de alguna parte, donde el tribunal debe requerir motivo e interés puntual y luego resolver sin afectar el derecho a control de la prueba o a repreguntar; se tratará evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos; y limitar la extensión de los alegatos de querellas y defensas y las últimas palabras de los imputados para noestirar los procesos. 
En realidad estos conceptos sólo sugieren a las Cámaras Federales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad que, a más de 8 años de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes que efectivamente condenados. 

HIJOS LA PLATA